¿ Es Consumidor el comprador de un inmueble para ejercer su actividad?





Compraventa de despacho profesional: Inaplicabilidad de la legislación especial de defensa de los consumidores y usuarios.

No ostenta la condición de consumidor pues, no cabe duda de que el destino del local adquirido queda integrado, plenamente, en el marco de su actividad profesional de prestación de servicios (despacho de abogados), SSTS de 24 de septiembre de 2013 , (núm. 545/2013 ) y 10 de marzo de 2014 (núm. 149/2014 ). TS, Sala Primera, de lo Civil, S de 28 de Mayo de 2014.

www.diazcano-abogados.com/
www.reclamacionesbancarias.com/
Noviembre 2017

División Herencia


S.T.S. de  5 de octubre de 2017
La sentencia  trata  de la posibilidad de  la división o partición de la herencia, mediante la formación de lotes indivisos, y adjudicación de los mismos a los comuneros.

Es posible la formalización de lotes indivisos, cuando son varios y diversos los bienes incluidos en la partición, dado que la forzosa subasta establecida en los arts. 400 y 406 del C. Civil estaba pensada para cuando la comunidad estaba integrada por un único bien  (sentencia de 12 de julio de 1996 (rec.3085/1992), pero tal  y como  contempla la  S. 298/2013 de 10 de mayo , en el  un supuesto en el que todos los integrantes aceptaban la formación de lotes, si bien diferían en su valor.

En el caso de esta Sentencia  cada uno de los cuatro lotes tiene un valor diferente y la sentencia recurrida establece  que una finca sin sorteo  se adjudicaría a  un heredero  por vivir en ella  desde su nacimiento  y las tres restantes se sortearían entre los otros tres coherederos, con las correspondientes compensaciones económicas.

Entiende la Sala que se infringen  los arts. 400 y 402 del CC por cuanto:

1.- Se  ha efectuado una adscripción de bienes indivisos, sin sorteo, y con causa cuya justificación no tiene refrendo legal, cual es que  una heredera viva en ella.

2.- El  hecho de que una de las herederas resida en el inmueble de mayor valor, no constituye título de atribución ni causa justificada para obviar la subasta, tal y como declaró esta sala en sentencia 186/2010, de 29 de marzo.

3.- Se forman unos lotes en los que destaca su desproporción económica.

4.- Todas las fincas deben considerarse indivisibles.

Se confirma la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia  que reconoce que  acreditada la indivisibilidad material de las fincas, reconocida por todas las partes, y considera contraria al art. 404 CC la solución pretendida por la demandada reconveniente, en el sentido de formar lotes, pues a falta de acuerdo entre los condueños respecto de la adjudicación a uno de ellos con obligación de indemnizar a los demás, sólo cabe la venta de los bienes y el reparto del precio entre los cotitulares.


Por eso acuerda la enajenación de las fincas en subasta.
www.diazcano-abogados.com/
www.reclamacionesbancarias.com/
Noviembre 2017

Lexnet no admite letra EÑE ni Tildes




Aunque parezca increíble el sistema  LEXNET NO ADMITE “tildes”, “guiones”  y la letra “ñ”.
 al nombrar los  Documentos.


LexNET es el sistema del Ministerio de Justicia,  obligatorio que desde enero del 2016, que  utilizan los  abogados y procuradores de algunas partes de  España (existen  4 Comunidades que tienen su propio sistema  y  que no utilizan lexnet:  Cantabria,  País Vasco,  Navarra y Cataluña y otra que no lo utiliza y no tiene sistema: Comunidad Valencia)  para presentar  demandas,  escritos y cualquier comunicación  con  los Juzgados.



Octubre 2017

Viaje Seguro de Cancelación Cláusula No Clara


Se demanda a  la aseguradora por la cancelación de dos viajes  por enfermedad (gastroenteritis aguda y angustia por agorafobia) al tener suscrita una póliza de seguro de anulación de viaje, dictando Sentencia la  AP Madrid, Secc. 20ª, de 29 de Mayo de 2017 en la que condena a la aseguradora ARAG SE.
La cláusula contenida en las pólizas suscritas determinaba que la  anulación del viaje debe estar justificada, entre otras causas, por enfermedad grave, debiéndose entender por ella, en relación con el asegurado, "una alteración de la salud que implique hospitalización o necesidad de guardar cama, dentro de los siete días previos al viaje, y que médicamente imposibilite el inicio del viaje en la fecha prevista"
La cláusula  no resulta clara, y de ello sólo puede responsabilizarse a la aseguradora redactora de la misma dado que es  redundante al exigir  una alteración de la salud o enfermedad que precise hospitalización o guardar cama, y por otro, que además se indique médicamente la imposibilidad de viajar, y lo que obviamente va implícito en la hospitalización o en el hecho de tenerse que guardar cama.
Interpretando la cláusula con la  intencionalidad que parece encerrar, y a su vez con el sentido literal de sus palabras,  siempre en beneficio del asegurado, y habida cuenta que no puede hacerse a favor de la aseguradora por razón de lo establecido en el art. 1.288 del CC , debe concluirse que lo relevante del riesgo cubierto no es tanto la gravedad objetiva de la enfermedad en sí que se padezca o se esgrima, sino si médicamente está contraindicada la realización del viaje, independientemente de si precisa o no de hospitalización o guardar cama, o simplemente reposo, que obviamente ha de considerarse incluido en esta otra segunda circunstancia.


Por tanto, y partiendo de tal premisa, concluye la sentencia e que las causas aducidas por los actores para cancelar el viaje combinado contratado constituían riesgos cubiertos por la póliza, y que por ello tienen derecho a reclamar a la aseguradora recurrente la indemnización correspondiente por razón de las pólizas suscritas.
www.diazcano-abogados.com/
www.reclamacionesbancarias.com/

Octubre 2017

Viaje Aéreo: Concepto de Distancia




El Tribunal de Justicia de la Unión Europea,  sentencia en fecha  de 7 Septiembre de 2017 entiende que se debe considerar “distancia” cuando exista  denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, en el caso de conexiones aéreas con correspondencias, únicamente a la distancia entre el lugar del primer despegue y el destino final, calculándose esta  mediante  el método de la ruta ortodrómica, con independencia del trayecto de vuelo efectivamente recorrido.

www.diazcano-abogados.com/
www.reclamacionesbancarias.com/
Septiembre 2017

Turno de Oficio




El Juzgado de lo Social  2 de Tarrasa,  en fecha de 27 de Junio de 2017 plantea   las siguientes cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación con los abogados del Turno de Oficio:

Expone el Juzgado:

.- Es el Juzgado el que debe  comprobar si el abogado de oficio  informó a la demandada del precio aproximado de sus servicios antes de que prestase aquellos,  ya que  pudiera ser tachada de "engañosa", en los términos del artículo 7.4.c (Directiva 2005/29 ), pero, conforme a la normativa nacional, ni este Juzgador puede controlar en este momento procesal dicha actuación, ni tampoco puede hacerlo el Letrado de la Administración de Justicia, que se limitará a estimar o no debida la cantidad, sin poder abordar estas cuestiones.

 .- Que  la naturaleza jurídica de la relación entre el Abogado designado por el Turno de Oficio y su cliente, es muy compleja, por cuanto aquel no es elegido libremente por su patrocinado, sino que es designado, forzosamente, por el Colegio de Abogados, que no "presta" la asistencia jurídica gratuita, sino que "organiza" o "pone los medios" para ello, aprobando unas normas de designa para que tal asistencia se realice, de manera personalísima, por el Abogado correspondiente, por cuanto el Abogado no es un empleado o dependiente del Colegio, sino un profesional que actúa con absoluta independencia y con sometimiento pleno a las normas de deontología profesional vigentes.

.- Se pregunta el Juzgados si los profesionales del turno de oficio se encuentran comprendidos dentro del término de "comerciantes" o "empresarios" de la Directiva 93/13/CE y la Directiva 2005/39/CE, pues aunque ejercen dentro de su actividad profesional prestando un servicio público, para este tipo de prestaciones, lo cierto es que no concurren libremente en el mercado, sino que son designados conforme a un turno por la Administración Corporativa, por lo que a criterio de este Juzgador, su inclusión dentro del ámbito de esta Directiva pudiere ser opinable, razones por la que se planteará esta cuestión.

.- Sobre   el régimen retributivo, en relación con  el artículo 36 (Ley 1/1996 ), establece que los honorarios del profesional designado serán abonados por el beneficiario de la asistencia jurídica gratuita, si no hubiere habido condena en costas, conforme a las normas de honorarios que el Colegio de Abogados de cada lugar determina libremente sin intervención alguna del Estado.


La duda  del Juzgado radica en el hecho de que el importe de aquellos sea fijado por los propios profesionales mediante reuniones, por cuanto la determinación del precio de tales servicios puede hacerse por otros métodos (por ejemplo mediante decisión del Tribunal, en la resolución que ponga fin al procedimiento o incluso establecimiento de la obligación del beneficiario de reintegrar a la Administración el precio que pagó al Abogado, sustancialmente inferior al fijado por el Colegio), que permitirían cohonestar perfectamente la finalidad de la norma, con la competencia, lo que desde luego, a mi parecer, no ocurre en el presente caso, por los motivos anteriormente expuesto

Y en base a esto plantea  6 cuestiones prejudiciales: 

Primera.- ¿La Directiva 93/13/CEE, en relación con la Directiva 2005/29/CE y con el artículo 47 de la Carta, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional en la que, como sucede con el artículo 35 (Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil), los órganos encargados de instruir los procedimientos mediante los que se resuelve sobre las reclamaciones de honorarios (expedientes de jura de cuentas) no pueden comprobar de oficio, antes de dictar el título ejecutivo, si en el contrato celebrado entre un abogado y un consumidor existen cláusulas abusivas o si se han dado prácticas comerciales desleales?

Segunda.- ¿Los Abogados adscritos al Turno de Oficio son "comerciantes" o "profesionales" en los términos del artículo 2.c) de la Directiva 93/13/CE y del artículo 2.b) de la Directiva 2005/29 CE? ¿Son aplicables los artículos 6.1.d ) y 7.2 de la Directiva 2005/29 CE, a los supuestos en los que las tarifas de un profesional vienen reguladas mediante una norma jurídica?
Tercera.- En caso afirmativo de la cuestión anterior ¿Debe interpretarse la Directiva 2005/29 CE, de tal manera que se opone a aquella una regulación como la contenida en el artículo 36 (Ley 1/1996 de Justicia Gratuita ), que establece la obligatoriedad de aplicar el régimen tarifario legalmente configurado, a pesar que el empresario ejecute conductas omisivas o engañosas relativas a la fijación del precio de sus servicios?

Cuarta.- ¿Debe interpretarse el artículo 101 TFUE , de tal manera que se opone con una regulación como la establecida en el artículo 36 (Ley 1/1996 ), que somete la retribución de los Abogados que prestan servicios en el sistema de asistencia jurídica gratuita, caso de estimarse la pretensión, a un baremo de honorarios previamente aprobado por aquellos, sin que las autoridades del Estado miembro puedan apartarse de aquel?

Quinta.- ¿Cumple esa regulación los requisitos de necesidad y proporcionalidad a los que se refiere el art. 15.3 de la Directiva 2006/123/CE ?

Sexta.- ¿Debe interpretarse el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, de tal manera que se opone a una regulación como la del artículo 36 (Ley 1/1996 ), que configura la obligación del tributario del Derecho a la Asistencia Jurídica Gratuita, caso de estimación de la pretensión ejercitada sin imposición de costas, de pagar al Abogado sus estipendios conforme a unos baremos aprobados por un Colegio Profesional que exceden de más del 50% del importe anual de una prestación de Seguridad Social?

www.diazcano-abogados.com/
www.reclamacionesbancarias.com/
Septiembre 2017

JUZGADO 101 BIS DE MADRID: MI EXPERIENCIA

   



  Relato esta experiencia  con la finalidad de poder justificarme, por si alguien  ha visto mis paseos de arriba abajo por la calle Gran Vía de Madrid por los alrededores de la Red de San Luis, conocida zona por donde ejercen su trabajo gran número de meretrices,  además entrando en un portal en donde hay una pensión y todo ello portando una “capa” en el brazo.
 Por fin esta mañana  iba a poder  conocer el nuevo Juzgado creado en Madrid , ex profeso,  para la resolución de conflictos relativos a clausulas hipotecarias. Calle Gran Vía 12.
  Soleada  y animada mañana madrileña  de finales de verano, sin darme cuenta me paso la sede del Juzgado, lo que puede ser lógico por cuanto en el portal viene anunciada la pensión “Delfina”, solo un pequeño cartel en el telefonillo indica la existencia de un Juzgado, también aparece en otros carteles del telefonillo además del Museo Chicote , una farmacia , una empresa dedicada a show-cabarets y  la palabra Cock, lo que se puede traducir del ingles (digo inglés) como “polla”. 

  De forma dubitativa  entro en el portal y pregunto al conserje, que cómodamente sentado en su silla me indica que el Juzgado está en la segunda planta y la pensión en la cuarta.  Dudo entre la pensión y el Juzgado pero me decido a ir al Juzgado, salgo del ascensor y me encuentro una puerta a la que hay que llamar al timbre ; Abre la puerta el guarda jurado encargado de la seguridad, que además haciendo las funciones de agente Judicial, nos pregunta a que juicio vamos y nuestra condición de profesional en la que acudimos; Una vez dados los datos , nos invita a sentarnos  en una sala de espera , que nos recuerda a cualquier consulta de dentista de los años noventa.

 Pregunto por la sala de togas, ¡sala de togas! ¡Que es eso!,  pregunto a una compañera que allí esperaba, y con gesto  avinagrado, posiblemente porque piensa le van a quitar una muela, indica que la toga hay que cogerla en el Juzgado de lo Contencioso,  sito en Gran Vía 19, a unos doscientos metros en la otra acera. (Un Urra por la previsión del Colegio de Abogados y su Decana).

 Gracias que he llegado con tiempo de sobra puedo ir a por la toga, salgo del dentista, perdón del Juzgado, Gran Vía para arriba llegó hasta la Red de San Luis, en donde se encuentra el Juzgado de lo Contencioso, allí en la segunda planta recojo la toga y vuelta, Gran vía abajo al Juzgado 101 bis, con mi toga bajo el brazo.

  Vuelta a llamar a la puerta, el agente –guarda de seguridad, ya me conoce y me deja pasar a la sala de espera del dentista. Lo que ocurrió dentro de la Sala es “otra Historia”, como diría Kipling, historia de diez minutos que podría ocupar muchas páginas.

  Hasta este momento tenía la premonición, bastante obvia, que este Juzgado de nueva creación y con una función específica muy concreta, se había creado con fines políticos que apoyar a la banca en estos momento tan duros para ella; Esta sensación se ha trasformado en un sentimiento nauseabundo de como el poder político de este macro estado maneja la sociedad sin respeto ni a los ciudadanos ni a los profesionales. Por cierto no funciona lex net y menos si se actualiza el Java.


ÁNGEL P. DÍAZ CANO


www.diazcano-abogados.com/
Septiembre 2017