¿ Derecho a conocer el nombre de las personas vacunadas del COVID-19 sin estar dentro protocolo?

 


Nos hemos sorprendido con la noticia que ha habido “más de uno” que se ha vacunado sin que le correspondiese vacunarse según el protocolo, justificándose la imposibilidad de facilitar sus nombres en base a la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Partimos de nuestra defensa a ultranza del derecho a la intimidad y a la protección de datos, (que sería de nosotros, los ciudadanos, sin esa protección), pero hablamos de las personas que se han vacunado, en este momento sin tener derecho a hacerlo.

Se argumenta que el Reglamento General de Protección de Datos en su artículo 9 prohíbe el tratamiento de datos relativos a la salud, pero no estamos hablando de salud sino de control de la actividad pública.




No se pueden seguir utilizando la protección de datos, para ocultar y esconder los datos de las personas que, en una pandemia, han vulnerado los protocolos de vacunación, debiendo primar el interés público de la ciudadanía.

Sirva de ejemplo el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) que ha ordenado al Ministerio de Sanidad dar a conocer los nombres del comité de expertos basándose en que:

"No solamente no atenta contra los datos personales de los afectados, sino que contribuye al control de la actividad pública y a que los ciudadanos conozcan el proceso de toma de decisiones relevantes en materia de salud pública, máxime en situaciones extraordinarias, como la producida por la pandemia de COVID19”.

 febrero 2021



BAJA DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD PARA LOS ABOGADOS: GARANTÍAS DE CONCILIACIÓN

 


No es posible que la aplicación de las leyes existentes sobre conciliación quede al albur de cada Juzgado, y que se den casos en los que no se apliquen al  colectivo de abogados y procuradores.

 ¿Dónde está el Ministerio de Igualdad?

Hace unos días  el Consejo de la Abogacía Española publicaba el caso de dos letrados  "que no pueden disfrutar del permiso de maternidad y paternidad, habiendo tenido que demostrar la hospitalización para conseguir la suspensión de un juicio y que la titular del Juzgado de lo Penal 2 de Cáceres lejos de reconocer los plazos que imponen los permisos de maternidad o paternidad, ha decidido señalar la vista para el próximo 1 de febrero, forzando así a ambos letrados a renunciar al permiso de paternidad/maternidad o a pedir su sustitución por otro compañero"  afirmando  que “sería una baja que se preveía de larga duración”, achacando a ambos letrados el mal funcionamiento de la justicia, y les instó a buscar una nueva defensa, advirtiéndoles que si no lo hacían se asignaría un abogado de oficio a sus clientes.”

El Grupo parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu presentó la Proposición de Ley por la que se modifica el Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para incorporar la maternidad y paternidad entre las causas de suspensión del juicio oral  en enero de 2020 por el que  se añadía  un nuevo punto al artículo 746 del Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal con  la siguiente redacción:: «7.º Cuando el abogado de la parte que pidiere la suspensión se encuentre de baja por maternidad o paternidad.»

El Grupo parlamentario de  Ciudadanos ha presentado una Proposición de Ley alternativa  con la modificación  del artículo 746 Ley de Enjuiciamiento Criminal:

«Artículo 746. 1. Procederá además la suspensión del juicio oral en los casos siguientes:... 3.º En caso de nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento que afecten al abogado o procurador que intervengan en el procedimiento, podrán estos solicitar la suspensión del mismo, y por tanto de todos los actos y plazos procesales en curso, por un plazo máximo de 90 días naturales ininterrumpidos, contados desde la fecha del nacimiento, de la resolución judicial por la que se constituya la adopción o de la decisión administrativa de guarda con fines de adopción o acogimiento. En los casos de nacimiento, cuando se hayan de realizar señalamientos en un proceso en que intervenga una abogada o procuradora que haya comunicado al juez o tribunal su estado de embarazo y se conociese la fecha aproximada del parto, podrá solicitar la suspensión del curso procedimiento o de las actuaciones judiciales señaladas en el proceso, desde los diez días anteriores a dicha fecha. En caso de embarazo de riesgo, cuando se prescriba por médico especialista reposo absoluto por riesgo de aborto o peligro para la vida de la madre o del hijo, durante el tiempo que dure dicha situación. El plazo se computará desde la fecha en que sea emitido el justificante médico, que deberá analizar la posibilidad o imposibilidad de la gestante de realizar las actividades propias de la abogacía. En caso de adopción internacional, cuando sea necesario el desplazamiento previo de los padres al país de origen del adoptado, podrá iniciarse el periodo de suspensión hasta cuatro semanas antes de la resolución por la que se constituya la adopción.

 En noviembre de 2019  el Tribunal Superior de Justicia  de las Islas Baleares aprobó un protocolo en el que ampliaba las causas para suspender actos judiciales, “con carácter general, en los casos de embarazo la suspensión para las abogadas se establecerá por plazo de 10 días anteriores a la fecha prevista de parto y los 60 días posteriores a que se produzca el alumbramiento o la adopción” y para los s abogados, dicho plazo es de  30 días.”

También  Cataluña,  Murcia y Asturias  tiene   protocolos de criterios orientadores sobre suspensión de actos judiciales por coincidencia de señalamientos de los abogados o abogadas, pero esta no es la solución.

Enero 2021